En esta ocasión ponemos el foco en los principales retos que afronta Córdoba y provincia en relación con la discapacidad, un tema que ocupa y preocupa a muchas de las organizaciones sociales que forman parte de Córdoba Social Lab.

Y lo hacemos tanto desde el punto de vista de las entidades como desde las piezas fundamentales que dan sentido a su trabajo, las personas.

Inclusión, accesibilidad, empleo y ocio son conceptos que se repiten en el discurso de las principales entidades de CSL ligadas a la discapacidad. Existe unanimidad en la necesidad de que la sociedad normalice y acepte a las personas con discapacidad como condición sine qua non para alcanzar una inclusión efectiva.

Manuel Ambrosio, de Acpacys, señala que la normalización implica que “todos somos ciudadanos, con los mismos derechos”. “En el día a día, una persona con discapacidad se tiene que enfrentar a una serie de retos que una persona que no la tiene no es capaz de comprender, desde pagar en un comercio con un mostrador que está demasiado alto para alguien que va en silla de ruedas, hasta hoteles e incluso edificios públicos que no están para nada adaptados a personas sordas, ciegas o en silla de ruedas”, remarca Ambrosio.

La integración laboral de las personas con discapacidad sería el otro gran punto pendiente, algo en lo que coinciden las organizaciones sociales. En opinión de Jesús García, de Prode, “no hay inclusión social sin empleo”. A su juicio, la generación de empleo es “fundamental para que las personas con discapacidad tengan acceso a una inclusión social real”.

«La generación de empleo es “fundamental para que las personas con discapacidad tengan acceso a una inclusión social real» (Prode)

García cita el Informe Olivenza, estudio panorámico sobre la situación de la población con discapacidad en España, que concluye que “solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo”.

A su juicio, “estos datos son devastadores y tienen un efecto directo en las vidas de las personas con discapacidad”, extremo que confirma la Tasa AROPE. Según esta tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, “prácticamente una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión”.

Jesús García reclama mayor implicación a las Administraciones públicas, que “deben poner en marcha políticas públicas que reviertan la situación en pos de la igualdad de derechos y oportunidades”, pero también a la sociedad en general y al tejido empresarial, “agentes fundamentales para lograr entre todos una sociedad más justa e inclusiva donde nadie se quede atrás”.

Comparte su opinión el presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López Raso, para quien “la preparación de las empresas” es tan importante como la de los trabajadores para potenciar el acceso al mercado laboral y, por tanto, hacer posible la inclusión de las personas con discapacidad a todos los niveles.

Junto al empleo, las opciones de ocio y turismo accesible resultan clave para mejorar las condiciones de vida de personas afectadas por alguna discapacidad, según apuntan desde la Asociación Cordobesa para la Integración de Niños Border-line (ACOPINB). De la misma opinión es Jesús García, de Prode, quien apunta la necesidad de dotar de recursos suficientes a estas personas “para puedan ser iguales en derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida”. En resumen, que puedan “coger las riendas de sus propias vidas, tomar sus propias decisiones, y ser autónomos e independientes con el objetivo de ser felices”.